Las consecuencias de vivir en un estado-fallido y la legitimación de sus acciones

Por: Alexander Ferms

Para la gran mayoría de los habitantes y ciudadanos de la nación neogranadina de Colombia, se tiene la idea o el imaginario de que hacemos parte de un estado configurado, consolidado y constituido,-o por lo menos eso es lo que nos hacen creer los medios de comunicación y el mismo gobierno-, además de que existe una relativa “estabilidad” en todos los aspectos de administración en temas sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, que son en suma, temas de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno. 

Bandera de Miranda al revés (nación neogranadina de Colombia)

Desde que se configuró la nación neogranadina como República de Colombia en 1886, muchos de los problemas estructurales, de gobernabilidad y de consolidación estatal no fueron subsanados con el centralismo absolutista, la sumisión a la Iglesia católica y los vecinos del norte, -antes por el contrario-, se fueron profundizando con el tiempo, en la no cobertura y pérdida de territorio, en la inoperancia y paquidermismo del centralismo en todos los ámbitos administrativos, sociales y económicos, pero sobre todo en la legitimidad y la legitimación de acciones, donde no todos los habitantes eran ciudadanos y no todos los ciudadanos tenían conciencia de sus acciones. Es importante entonces, hacer diferencias claras, hasta la nueva constitución de 1991, todos éramos habitantes y eso no ha cambiado incluso después de 1991, simplemente se agregó la figura legalizada de ciudadanía, que otorga unos derechos y unos deberes, entre ellos elegir y ser elegido, ejercer plenamente los derechos y exigir al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo no todos los habitantes que ahora son ciudadanos por cédula lo son, siguen siendo habitantes, porque no tendrán oportunidad de que el gobierno cumpla con sus necesidades básicas y tampoco serán incluidos en las tomas de decisiones importantes para el país, eso está reservado para un sector que además de ser ciudadano por cédula, tiene un elemento diferenciador y es que son ciudadanos por herencia tradicional, es decir, los que se reservan el derecho de ser elegidos y de perpetuarse en el “poder” que los demás habitantes les han cedido, por desconocimiento o por falta de participación.

Bien, ahora después de diferenciar entre habitante y ciudadano, es preciso entrar en materia sobre las acciones que los ciudadanos por cédula y los ciudadanos por herencia han efectuado en la nación neogranadina de Colombia.

Los ciudadanos por cédula, que en mayoría desconocen su rol en el territorio, dependen de las decisiones que tome el gobierno del estado-fallido, que es dirigido por los ciudadanos por herencia, quienes en su gran mayoría desconocen el país, sus necesidades y hasta su propio territorio, desconocen las realidades subjetivas y homogenizan todos los aspectos relacionados con calidad de vida y legitimidad, -según conveniencia-, tomando decisiones que incluso han sido nefastas para el territorio y por supuesto, de quienes lo habitan.

Después de lo anterior, es preciso hablar entonces de la participación de los ciudadanos por cédula; revisando las elecciones históricas que han servido de plataforma legitimatoria para los ciudadanos por tradición, éstas nunca han logrado una mayoría de participación en ninguna época, no se ha obtenido un umbral de por lo menos un 60% de la población, que sería un escenario más aceptable.

Bien, ahora las acciones que los diferentes gobiernos han efectuado sobre la administración del país no son diferenciables, no se han proyectado como un elemento coercitivo que impulse el desarrollo y la integración de los habitantes, el enfoque ha sido muy precario, inocuo, inoperante y hasta insignificante, ante el valor que tiene el territorio como tal, por lo que las consecuencias de vivir en un estado-fallido amparado por un régimen burocrático y otro internacional, son catastróficas para el avance y el progreso de una sociedad entera.

Lo anterior nos indica que, existen fuertes razones que detallan la inestabilidad de vivir en un estado-fallido, y que se perciben a simple vista en cada ciudad o poblado, y que son expresadas en los precarios índices de calidad de vida, equidad, educación, producción científica e industrial, distribución de la riqueza, altos índices de corrupción política, concesión de recursos naturales propios, así como importantes extensiones de tierras a multinacionales extranjeras y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte de la fuerza pública, -no solo en la época de conflicto-, la confianza ciudadana en el aparato gubernamental está seriamente fracturada, porque la acción gubernamental se ha limitado en un gran porcentaje sólo a imponer modelos inadecuados, normas, impuestos, sanciones con rasero y hasta ridículos trámites que hacen ver su inoperancia e ineficiencia desde el nivel central, generando un ambiente de inseguridad social y civil, que se transmite a los diferentes escenarios en el ámbito cotidiano, desde la escases de oportunidades para proyectar procesos sociales, industriales, económicos, que evidencian un atraso múltiple en todos los aspectos como nación; sin embargo los escenarios básicos de crecimiento están lejos de ser concebidos por la política sectaria y corrupta que impera, que en vez de favorecer procesos internos de desarrollo, lo que hace es facilitar procesos extranjeros de control internacional y de no proliferación de los caminos progresistas, para que el Estado tenga control de su territorio, de sus problemas y les dé solución adecuada en el tiempo, sin intromisión de terceros países. Así como las acciones gubernamentales han sido policivas e inoperantes para beneficio real del país, los ciudadanos por cédula siguen sin reaccionar, a pesar de que les recortan derechos, servicios y reducen sus expectativas de vida digna, les quitan sus recursos y les hipotecan su futuro. Ejemplo de lo anterior es la mercantilización de la salud, la educación y hasta el derecho a pensar libremente.

Es por lo anterior, que el proceso de legitimación tiene tanta o suma importancia, porque así los ciudadanos por cédula no ejerzan ninguna acción para exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones, tampoco hacen nada, si por otro lado siguen participando electoreramente en elegir a los mismos ciudadanos por herencia, farándula o pantalla mediática, es decir, la situación en poco o nada va a cambiar, porque con esta simple acción de acudir a votar por un personaje determinado que no realiza ninguna acción en favor de la comunidad, la ciudad, el departamento o el país, se legitima de cierta forma a ese personaje y le otorga un poder que no debería corresponderle, lo que le da licencia para tomar decisiones por todo un territorio, que en la mayoría de las veces no satisfacen las necesidades de sus habitantes y tampoco las realidades que exige el entorno y el país, por lo que sigue configurándose como estado-fallido, y que no puede responder a los fenómenos de nación, que son los que determinan la estructura de un país en consolidación, es decir, un estado sólido y que responde ante las demandas sociales, protege a su población y cubre en un alto porcentaje sus necesidades; ahora, un nombre sin contexto, una bandera, un escudo, un himno o una selección de fútbol no hacen a un país, y menos si estos no corresponden con el territorio, con su historia ancestral o con la identidad concreta de sus habitantes.

Seguir habilitando las acciones de gobierno que han ido históricamente en contravía del bienestar de los habitantes no es sano, hacen parte de una sociedad enferma, cegada o altamente alienada, que se flagela así misma y que no tiene criterio alguno, es por tanto que no es lógico que por un lado se hable de paz, post acuerdo y post conflicto, y que por otro lado los ciudadanos por cédula que poseen algo de raciocinio social y político, tengan que realizar marchas o manifestaciones sociales para exigir sus derechos y luego sentarse con los representantes del estado-fallido, -que muchos de ellos han elegido en su pantomima democrática- para pedir que les “hagan el favor de cumplir sus derechos”, para que les suban sus sueldos, para que firmen un “acuerdo o pliego de peticiones”, lo que se reduce a pedir limosnas literalmente, y es por esa situación que definitivamente no podremos disfrutar de una “paz estable y duradera”, puesto que ante el orgullo inútil y estúpido de aparentar y de decir que estamos mejor que otros países vecinos, la grave crisis social, económica, política y territorial se agudiza ante el silencio cómplice de los mismos ciudadanos por cédula, -que no hacen nada-, por exigir plenamente los derechos, de impulsar reformas definitivas o de cambiar la estructura de gobierno, -o incluso de país-, porque lo que no ha servido o no sirve se cambia, como si se ha hecho en otros países del vecindario, donde se ha aplicado el proverbio inglés: “donde hay voluntad, hay camino”.

En otras palabras, lo que ha sucedido históricamente en el país justifica por desgracia la presencia de nuevos grupos irregulares, que por uno u otro motivo ahora están ocupando las antiguas zonas controladas por la guerrilla de las FARC – EP, porque el gobierno de la nación neogranadina de Colombia no es capaz de cubrir esos territorios, no es capaz de llegar a ellos de ninguna forma, ni social, ni administrativa ni militarmente.

Ese es el resultado de un proceso de estado-nación que inició con vicios, negando y desdeñando de sus próceres auténticos, y apelando a una sustitución de alcurnias pestilentes que tienen a este país en una realidad virtual aumentada o la gran mentira social. Las consecuencias de vivir en un estado-fallido se derivan en no tener condiciones de vida digna, desigualdad e inequidad en todos los niveles por desempleo, falta de oportunidades reales, educación de calidad y proyectos de vida, que llevan como consecuencia inevitable el desarrollo de escenarios de violencia y de no poseer condiciones para llegar a tener la tan anhelada paz estable y duradera.