viernes, 30 de junio de 2017

Las consecuencias de vivir en un estado-fallido y la legitimación de sus acciones

Por: Alexander Ferms

Para la gran mayoría de los habitantes y ciudadanos de la nación neogranadina de Colombia, se tiene la idea o el imaginario de que hacemos parte de un estado configurado, consolidado y constituido,-o por lo menos eso es lo que nos hacen creer los medios de comunicación y el mismo gobierno-, además de que existe una relativa “estabilidad” en todos los aspectos de administración en temas sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, que son en suma, temas de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno. 

Bandera de Miranda al revés (nación neogranadina de Colombia)

Desde que se configuró la nación neogranadina como República de Colombia en 1886, muchos de los problemas estructurales, de gobernabilidad y de consolidación estatal no fueron subsanados con el centralismo absolutista, la sumisión a la Iglesia católica y los vecinos del norte, -antes por el contrario-, se fueron profundizando con el tiempo, en la no cobertura y pérdida de territorio, en la inoperancia y paquidermismo del centralismo en todos los ámbitos administrativos, sociales y económicos, pero sobre todo en la legitimidad y la legitimación de acciones, donde no todos los habitantes eran ciudadanos y no todos los ciudadanos tenían conciencia de sus acciones. Es importante entonces, hacer diferencias claras, hasta la nueva constitución de 1991, todos éramos habitantes y eso no ha cambiado incluso después de 1991, simplemente se agregó la figura legalizada de ciudadanía, que otorga unos derechos y unos deberes, entre ellos elegir y ser elegido, ejercer plenamente los derechos y exigir al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo no todos los habitantes que ahora son ciudadanos por cédula lo son, siguen siendo habitantes, porque no tendrán oportunidad de que el gobierno cumpla con sus necesidades básicas y tampoco serán incluidos en las tomas de decisiones importantes para el país, eso está reservado para un sector que además de ser ciudadano por cédula, tiene un elemento diferenciador y es que son ciudadanos por herencia tradicional, es decir, los que se reservan el derecho de ser elegidos y de perpetuarse en el “poder” que los demás habitantes les han cedido, por desconocimiento o por falta de participación.

Bien, ahora después de diferenciar entre habitante y ciudadano, es preciso entrar en materia sobre las acciones que los ciudadanos por cédula y los ciudadanos por herencia han efectuado en la nación neogranadina de Colombia.

Los ciudadanos por cédula, que en mayoría desconocen su rol en el territorio, dependen de las decisiones que tome el gobierno del estado-fallido, que es dirigido por los ciudadanos por herencia, quienes en su gran mayoría desconocen el país, sus necesidades y hasta su propio territorio, desconocen las realidades subjetivas y homogenizan todos los aspectos relacionados con calidad de vida y legitimidad, -según conveniencia-, tomando decisiones que incluso han sido nefastas para el territorio y por supuesto, de quienes lo habitan.

Después de lo anterior, es preciso hablar entonces de la participación de los ciudadanos por cédula; revisando las elecciones históricas que han servido de plataforma legitimatoria para los ciudadanos por tradición, éstas nunca han logrado una mayoría de participación en ninguna época, no se ha obtenido un umbral de por lo menos un 60% de la población, que sería un escenario más aceptable.

Bien, ahora las acciones que los diferentes gobiernos han efectuado sobre la administración del país no son diferenciables, no se han proyectado como un elemento coercitivo que impulse el desarrollo y la integración de los habitantes, el enfoque ha sido muy precario, inocuo, inoperante y hasta insignificante, ante el valor que tiene el territorio como tal, por lo que las consecuencias de vivir en un estado-fallido amparado por un régimen burocrático y otro internacional, son catastróficas para el avance y el progreso de una sociedad entera.

Lo anterior nos indica que, existen fuertes razones que detallan la inestabilidad de vivir en un estado-fallido, y que se perciben a simple vista en cada ciudad o poblado, y que son expresadas en los precarios índices de calidad de vida, equidad, educación, producción científica e industrial, distribución de la riqueza, altos índices de corrupción política, concesión de recursos naturales propios, así como importantes extensiones de tierras a multinacionales extranjeras y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte de la fuerza pública, -no solo en la época de conflicto-, la confianza ciudadana en el aparato gubernamental está seriamente fracturada, porque la acción gubernamental se ha limitado en un gran porcentaje sólo a imponer modelos inadecuados, normas, impuestos, sanciones con rasero y hasta ridículos trámites que hacen ver su inoperancia e ineficiencia desde el nivel central, generando un ambiente de inseguridad social y civil, que se transmite a los diferentes escenarios en el ámbito cotidiano, desde la escases de oportunidades para proyectar procesos sociales, industriales, económicos, que evidencian un atraso múltiple en todos los aspectos como nación; sin embargo los escenarios básicos de crecimiento están lejos de ser concebidos por la política sectaria y corrupta que impera, que en vez de favorecer procesos internos de desarrollo, lo que hace es facilitar procesos extranjeros de control internacional y de no proliferación de los caminos progresistas, para que el Estado tenga control de su territorio, de sus problemas y les dé solución adecuada en el tiempo, sin intromisión de terceros países. Así como las acciones gubernamentales han sido policivas e inoperantes para beneficio real del país, los ciudadanos por cédula siguen sin reaccionar, a pesar de que les recortan derechos, servicios y reducen sus expectativas de vida digna, les quitan sus recursos y les hipotecan su futuro. Ejemplo de lo anterior es la mercantilización de la salud, la educación y hasta el derecho a pensar libremente.

Es por lo anterior, que el proceso de legitimación tiene tanta o suma importancia, porque así los ciudadanos por cédula no ejerzan ninguna acción para exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones, tampoco hacen nada, si por otro lado siguen participando electoreramente en elegir a los mismos ciudadanos por herencia, farándula o pantalla mediática, es decir, la situación en poco o nada va a cambiar, porque con esta simple acción de acudir a votar por un personaje determinado que no realiza ninguna acción en favor de la comunidad, la ciudad, el departamento o el país, se legitima de cierta forma a ese personaje y le otorga un poder que no debería corresponderle, lo que le da licencia para tomar decisiones por todo un territorio, que en la mayoría de las veces no satisfacen las necesidades de sus habitantes y tampoco las realidades que exige el entorno y el país, por lo que sigue configurándose como estado-fallido, y que no puede responder a los fenómenos de nación, que son los que determinan la estructura de un país en consolidación, es decir, un estado sólido y que responde ante las demandas sociales, protege a su población y cubre en un alto porcentaje sus necesidades; ahora, un nombre sin contexto, una bandera, un escudo, un himno o una selección de fútbol no hacen a un país, y menos si estos no corresponden con el territorio, con su historia ancestral o con la identidad concreta de sus habitantes.

Seguir habilitando las acciones de gobierno que han ido históricamente en contravía del bienestar de los habitantes no es sano, hacen parte de una sociedad enferma, cegada o altamente alienada, que se flagela así misma y que no tiene criterio alguno, es por tanto que no es lógico que por un lado se hable de paz, post acuerdo y post conflicto, y que por otro lado los ciudadanos por cédula que poseen algo de raciocinio social y político, tengan que realizar marchas o manifestaciones sociales para exigir sus derechos y luego sentarse con los representantes del estado-fallido, -que muchos de ellos han elegido en su pantomima democrática- para pedir que les “hagan el favor de cumplir sus derechos”, para que les suban sus sueldos, para que firmen un “acuerdo o pliego de peticiones”, lo que se reduce a pedir limosnas literalmente, y es por esa situación que definitivamente no podremos disfrutar de una “paz estable y duradera”, puesto que ante el orgullo inútil y estúpido de aparentar y de decir que estamos mejor que otros países vecinos, la grave crisis social, económica, política y territorial se agudiza ante el silencio cómplice de los mismos ciudadanos por cédula, -que no hacen nada-, por exigir plenamente los derechos, de impulsar reformas definitivas o de cambiar la estructura de gobierno, -o incluso de país-, porque lo que no ha servido o no sirve se cambia, como si se ha hecho en otros países del vecindario, donde se ha aplicado el proverbio inglés: “donde hay voluntad, hay camino”.

En otras palabras, lo que ha sucedido históricamente en el país justifica por desgracia la presencia de nuevos grupos irregulares, que por uno u otro motivo ahora están ocupando las antiguas zonas controladas por la guerrilla de las FARC – EP, porque el gobierno de la nación neogranadina de Colombia no es capaz de cubrir esos territorios, no es capaz de llegar a ellos de ninguna forma, ni social, ni administrativa ni militarmente.

Ese es el resultado de un proceso de estado-nación que inició con vicios, negando y desdeñando de sus próceres auténticos, y apelando a una sustitución de alcurnias pestilentes que tienen a este país en una realidad virtual aumentada o la gran mentira social. Las consecuencias de vivir en un estado-fallido se derivan en no tener condiciones de vida digna, desigualdad e inequidad en todos los niveles por desempleo, falta de oportunidades reales, educación de calidad y proyectos de vida, que llevan como consecuencia inevitable el desarrollo de escenarios de violencia y de no poseer condiciones para llegar a tener la tan anhelada paz estable y duradera.

lunes, 19 de junio de 2017

El post acuerdo y la jugada electorera para 2018

Por Alexander Ferms

La nación neogranadina de Colombia apenas inicia su primer etapa de varias, -que aún no se saben cuántas son o serán-, de post acuerdo con la guerrilla de las FARC – EP, quienes completan un porcentaje importante en la entrega de armamento a las Naciones Unidas y un cumplimiento virtual del cronograma general acordado con el gobierno de la República de Colombia, sin embargo existen serios vacíos institucionales con el proceso, que de no ser llenados por una figura de legitimidad y legalidad a través de órganos de control, monitoreo y verificación externos, -ya sean impulsados por el mismo gobierno o por agentes internacionales- no habrán elementos de juicio que valoren y blinden la autenticidad del proceso en aras de lograr lo que la publicidad institucional llama “la paz estable y duradera”, que es a mi juicio el elemento central de estabilidad social y política para la nación neogranadina, si por fin se logra encaminar en la ruta del progreso y desarrollo social desde el cumplimiento de los acuerdos, que simplemente son un llamado a retomar la Carta Constitucional de 1991 haciendo adicionalmente un llamado a autonomía y soberanía regional en la consolidación de un Estado Social de Derecho por primera vez.

Foto: Radio Suramericana

Es importante establecer, por lo tanto, las diferencias notables entre acuerdo, post acuerdo, conflicto y post conflicto. Si bien iniciamos este escrito hablando del cumplimiento de las partes, es claro que al gobierno de la nación neogranadina le está quedando “grande” este proceso, a simple vista son más los incumplimientos del mismo gobierno en el tema de condiciones básicas y dignas para las personas que iniciaron su transición a la vida civil, como soldados de un ejército revolucionario y beligerante, quienes disputaron por más de 50 años el control de los diferentes poderes y el territorio a la república neogranadina y su ejército legalizado; ahora, es más la responsabilidad del gobierno en cumplirle a la ciudadanía y a la comunidad internacional, en dejar una buena sensación e imagen a la opinión pública, -no sólo ante los medios locales-, sino en el cumplimiento real de los acuerdos sin trampas o esguinces jurídicos, por lo que no se debe dejar toda la responsabilidad de la revisión del proceso a las Naciones Unidas, no es suficiente que ellos sigan con las labores en el Mecanismo de Verificación y Monitoreo, deben existir otros actores dentro de ese mecanismo que intervengan y realicen seguimiento, estadísticas y una observancia sobre el cumplimiento de los acuerdos en todos los aspectos y desde todos los posibles escenarios.

El acuerdo es claro, es una reivindicación de la Carta Constitucional de 1991, y a todas luces, quienes digan lo contrario, es mejor que lean la carta original de 1991 sin reformas, y luego lean los puntos del acuerdo, donde además se incluyen reivindicaciones sociales expresadas desde mucho antes de que se conformaran las guerrillas, incluso, desde los primeros reclamos sociales por la equidad en la distribución de las tierras para mejorar las condiciones de vida de miles de personas a comienzos del siglo XX.

Ahora, ya se hizo y se firmó el acuerdo, con el apoyo de muchos y la oposición de otros, ya se dio ese primer paso, luego sigue el post acuerdo, que muchos llaman por error, por desconocimiento o por conveniencia social o política el “post conflicto”, -aunque en ciertos escenarios es mejor llamarlo así-, para que sepamos de una buena vez por todas que esto va en serio, por primera vez en este país algo se hará en serio.

Bien, el post acuerdo es lo que comenzó inmediatamente después de la firma entre las partes, -el gobierno del estado-fallido y el ejército insurgente del grupo revolucionario-, quienes tenían en disputa el control de los poderes y el territorio, ahora, como no hubo vencedores militarmente hablando, lo que se viene es el cumplimiento de las partes, de esos acuerdos que tienen que tener un seguimiento riguroso, ojalá fuera de dos o tres actores verificadores adicionales, puesto que estamos en la nación neogranadina de Colombia y cualquier cosa puede pasar en la mal llamada “Tierra de Colón”. 

Este post acuerdo, tiene un problema grande o limitante dentro del análisis en lo político, y es que tiene fechas para cosas importantes, y no tiene fechas para otras, es decir, aquí no sabemos a ciencia cierta cómo se administrarán las garantías desde el gobierno, -que históricamente ha demostrado ser tramposo y poco confiable-, porque siempre ha tomado pésimas decisiones que han perjudicado la soberanía y han comprometido el territorio, y que no dan certeza de que efectivamente van a cumplir “por lo menos” con un porcentaje estimado de la mayoría de las cosas a las que se comprometieron en esas más de 300 páginas en el acuerdo con el grupo beligerante rebelde. Este escenario tiene un peligro latente, en el análisis desde lo militar hay un gran riesgo, y es que si el gobierno del estado-fallido a través del ejército legalizado no ocupa los lugares de influencia de las antiguos insurgentes y las instituciones legalizadas no empiezan a consolidar los derechos sociales y fundamentales de las personas, se formarán nuevos grupos, -entre otros no beligerantes-, que captaran a las personas sin oportunidades, sin empleo, sin salud, sin vivienda, en fin, sin futuro, y los enrolaran a sus filas, como ya está sucediendo, incrementando el problema social sin generar condiciones de oportunidades de desarrollo y crecimiento como país. Es decir, seguiremos con problemas de orden público, pero con actores armados diferentes, lo que ratificará la permanencia del estado-fallido.

Después de lo anterior, hablaremos del término “conflicto”, para los que no conocen del tema, en la nación neogranadina de Colombia vivimos bajo el fenómeno denominado como “guerra de baja intensidad”, que en términos militares y según un estándar que se inventaron los amigos del norte de América con otros personajes de Europa después de la guerra del Vietnam, se diferencian este tipo de conflictos de otros porque según ellos, se desarrollan en los países del mal llamado “Tercer Mundo” y que se presentan en un caso sencillo entre un estado-fallido y un ejército insurgente, -por ejemplo en el caso del gobierno de la República de Colombia vs FARC – EP-, como resultado a los vejámenes sociales, problemáticas de desigualdad e inequidad que aseguran un escenario ideal para la conformación de ejércitos revolucionarios en respuesta a los gobiernos que no brindan o no tienen la capacidad de garantizar mínimamente los derechos fundamentales a la población.

Luego sigue el post conflicto, tal vez es el único escenario que no tiene fechas ni períodos de vencimiento, el más volátil e incierto panorama que pueda existir, porque no se sabe que puede pasar después con el orden público y menos con los territorios, si no se hacen bien las cosas. Hablo de esta forma porque como lo dije antes, en la mal llamada “Tierra de Colón” cualquier cosa puede suceder y nada raro que se pueda configurar un nuevo escenario bélico por la disputa de los poderes a la nación neogranadina, que si no ajusta su esquema de gobierno y sus estructuras sociales y políticas, caerá muy rápidamente en un nuevo conflicto, con otras condiciones y otras variables muy diferentes a la reivindicación de los derechos fundamentales a la población, más como producto de los fenómenos de narcotráfico, pandillismo o traquetismo, derivados de una mezcla de ignorancia, analfabetismo, incultura, desempleo, falta de oportunidades y la famosa “ley del mínimo esfuerzo”, que tanto les gusta a los sectores tradicionales que han gobernado a la nación neogranadina de Colombia.

Ahora, articulando este escenario general, primero desde el post acuerdo, con el panorama político y electorero para 2018, es hora de relacionar el contexto del presente escenario, qué pasará entonces con los recursos económicos por cooperación internacional para la paz, que en estos momentos están congelados, -por extrañas circunstancias-, y que no se han utilizado en los tiempos y gestiones que deberían ser hasta ahora; es más que una jugada política la reserva de estos recursos para usarlos en tiempos de campaña, algo que muchos de nosotros, en las mesas regionales y en otros escenarios internacionales, -donde me incluyo-, vimos con suma preocupación y señalamos como de especial importancia para la transparencia del proceso, sobre todo en el tiempo de que se presentara la llegada de ayudas económicas internacionales, y más aún, antes de períodos electorales cercanos, como se dio en estos momentos.

No es necesario ser vidente para observar que el tema de la cooperación internacional la iban a manejar con los criterios que mejor saben llevar los señores del gobierno de la nación neogranadina de Colombia: centralizados y monopolizados, así de entrada, no había intenciones de realizar desembolsos para otras actividades oficiales relacionadas directamente con la labor de post acuerdo, -menos para seguimiento-, no iban a hacerlo y no lo están haciendo, ni siquiera de una manera gradual, no existen órganos de control creados, no hay procesos de verificación auxiliares ni externos, -no hay dinero para eso “supuestamente”-, no hay observatorios de post acuerdo o post conflicto en las zonas de normalización, no hay nadie que haga una tarea de observancia humanitaria con análisis y con criterio investigativo, ni de cumplimiento ni de verificación adicional para reportar cifras, situaciones, irregularidades, sólo Naciones Unidas y el cuerpo en el mecanismo de monitoreo y verificación, nada más, bueno, entre otros actores políticos oportunistas o con ganas de protagonismo político que se tratan de asomar por esos lugares a ver que pueden “pescar”.

Ahora, todo apunta a que los recursos se utilizarán como un “seguro electorero”, en caja, que permitirá mover la bolsa de valores electoral y politiquera para quienes se perfilen como posibles sucesores de nuestro ilustre nobel de paz y que continúen o frenen el proceso que tantos esfuerzos, sangre, sudor y lágrimas de soldados de ambos bandos y de un mismo pueblo han padecido en el campo de batalla durante más de 50 años.

Tendremos dos opciones, o mejor dos candidatos seguros: el candidato del post acuerdo y el candidato de la mal llamada “nueva regeneración”, a eso estamos sometidos por desgracia, o bueno, si por primera vez despertamos y le damos la opción a alguien distinto, eso sí, no me refiero a los vendidos de la izquierda tradicional, los que hacen parte de las nuevas familias emergentes ni menos a los que mal han administrado las finanzas departamentales, municipales, ministeriales o nacionales o peor aún, han concesionado el país a multinacionales, han permitido la instalación de bases extranjeras o piensan que seguimos siendo un patio trasero, es poner a alguien verdaderamente diferente, que mire a este país como lo que es, una potencia, sería algo grandioso, por lo menos esperanzador. Sino, esperemos de nuevo sentados al frente de nuestros televisores como “los más felices del mundo” a que venga alguien de Venezuela y con un ejército extranjero a que arreglen esta vaina como ocurrió hace 198 años con la llegada de Simón Bolívar.

Hago un llamado para que no permitamos que esos, de las familias esas, sigan allá arriba mirando desde lo más alto, decidiendo por nosotros, a ver si les conviene que no estemos en conflicto o por el contrario, para mantener a los más miserables sin oportunidades ocupados empuñando un fusil en el ejército de uno de los dos bandos, para que no se ocupen de estudiar, de conocer las realidades o la historia de este país, porque sencillamente no tendrán “opción de vida” y es lo único seguro que podrán hacer, mientras que los del medio vivirán de apariencias y deudas con los bancos enriqueciendo a las familias tradicionales y las emergentes, quienes seguirían disfrutando de nuestros recursos, nuestras riquezas y haciendo trizas nuestro futuro como comunidad y país.

lunes, 12 de junio de 2017

La situación de los docentes en el Estado fallido colombiano

Por Alexander Ferms

La situación de los docentes de la nación neogranadina de Colombia y en esencia el no reconocimiento de su labor social y educativa es un tema que, históricamente, ha sido un asunto sin solución por parte del gobierno, que no tiene como prioridad los derechos económicos y sociales de las personas que imparten la educación y quienes forman a los integrantes de nuestra sociedad.

Foto: Radio Mundial Emisora Virtual

Para los docentes se ha vuelto casi que costumbre, que cada cierto período de tiempo cuando se vencen los plazos para llevar a cabo los acuerdos logrados con el gobierno en un paro anterior o cuando se deben realizar ajustes o incrementos salariales, se tenga que recurrir como instancia definitiva a una movilización social, parece ser que éste es el único mecanismo que sirve para revalidar los derechos adquiridos y para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

La manifestación social se ha convertido en el instrumento más eficaz para hacer cumplir la constitución política en la nación neogranadina de Colombia, y es en ese sentido una forma de ejercicio democrático efectivo desde el constituyente primario, que se siente inconforme con la administración del país y de las acciones que desde el ejecutivo se toman, síntoma de la falta de cohesión social, gestión social y administrativa, apropiación, extensión y de reconocimiento del territorio, es decir, el gobierno colombiano no es capaz de satisfacer el cumplimiento de los derechos sociales y fundamentales como mínimo a la población, y menos es capaz de llegar a todo el territorio ni de tener plena cobertura en todos los aspectos como administrador, fenómeno que permite el control de territorio por cuenta de otros actores diferentes, lo que se resume como un Estado – fallido. Esta realidad no se puede ocultar ni disfrazar, cada vez más se percibe un ambiente encubierto y silencioso de inestabilidad social, económica y política, -que se oculta mostrando problemas de otros países-, no sólo a causa del conflicto armado, sino, de las instituciones del gobierno y sobre todo de quienes han estado al frente de ellas, que cada cuatro años demuestran por qué no deben estar ahí. 

No son sólo los docentes, son muchos sectores de la sociedad que reclaman atención del gobierno, que no atiende con suficiencia su responsabilidad y función natural, recordemos que el sistema político, de gobierno y distribución administrativa y territorial es centralista, fenómeno que agudiza el factor problemático de reconocimiento y de accionar gubernamental, que no tiene priorizada en su agenda el derecho a la educación, a pesar de que existen recursos y más con los ahorros que a diario se están presentando en materia de seguridad y confrontación bélica desde el cese bilateral al fuego con la guerrilla de las FARC – EP y la reducción de costos en material de guerra, daños a la infraestructura, bienes públicos y privados, ambientales entre otros, ahorros que entre otras cosas, se calculan en promedio en unos 22 mil millones de pesos por día y que podrían usarse para inversión social y mejorar las condiciones de vida para todos nosotros.

El no reconocimiento de la importancia de la labor docente en una sociedad sin memoria y sin identidad, y más en un país en construcción como la nación neogranadina de Colombia, es el resultado de un proceso de neocolonización y de sumisión ante los sistemas imperantes y la dirección política del norte de América, situación que nos perjudica a todos como país y región, donde se impone como eje institucional la precarización de la educación y del desarrollo intelectual, social, económico, cultural, ambiental y político de los ciudadanos.

Es importante entonces, que en estos tiempos de cambios profundos, los docentes se tomen en serio el problema tan grande que tiene este país y hagan efectivos sus derechos, es el momento ideal de sentar una posición fuerte y definitiva, no sólo como un asunto coyuntural de cada año o cada cierto período de tiempo, sino del logro de soluciones concretas y categóricas en materia salarial y educativa que sirvan para los demás sectores sociales y agremiaciones nacionales, porque está comprobado durante todo este tiempo que las negociaciones y los compromisos no son suficientes, hay que llegar al congreso para que las acciones sean integrales y contundentes, porque recursos económicos si hay y para todos, es hora y es el momento de poner un límite social al mismo gobierno para no tener la necesidad de recurrir a este tipo de manifestaciones cada año, rogando para que suban un salario o para que cumplan con algunos de los derechos consagrados en la constitución por un tiempo, siguiendo con el mismo problema de fondo y con más perjuicios para la misma sociedad a corto plazo.

Señores docentes, hagamos la diferencia, no le sigamos mostrando al mundo lo mal negociadores o conformistas que somos, ustedes están llamados a iniciar y promover los cambios sociales que este país requiere con suma urgencia, por el bien de la nación y del hemisferio.

miércoles, 7 de junio de 2017

Servicio social para los estudiantes, docentes e investigadores de movilidad académica y estudiantil


Alexander Ferms, Constituyente Andino hace una invitación a los estudiantes de Colombia, que requieran de una recomendación internacional para cualquier país de América Latina que sirva de soporte o requisito para adelantar sus estudios en una institución de educación superior de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Alianza del Pacífico (AP) o programa Alfa Puentes de la Unión Europea en el resto de América Latina.

Es importante que sepan que como autor y gestor principal de la movilidad estudiantil y académica, este es un servicio social gratuito y que equivale a un apoyo escrito parlamentario o de representación de un órgano supranacional del continente.

En la sección de contacto, los estudiantes, docentes o investigadores pueden solicitar la recomendación internacional con los siguientes datos:

- Certificado oficial de estudios actualizado (expedido por la institución de educación superior de procedencia).

- Nombres y apellidos completos.

- Número de identificación y lugar de expedición.

- Fecha y lugar de nacimiento.

- Nombre del pregrado, postgrado o proyecto de investigación de procedencia y nivel de avance (semestre según número de créditos o nivel dado por la institución).

- Nombre de la institución educativa o universidad de procedencia y ciudad de Colombia.

- Tipo de movilidad (académica o estudiantil).

- Nombre del pregrado, postgrado homologable o proyecto de investigación de destino.

- Nombre de la institución educativa o universidad de destino que aplica la movilidad, ciudad y país.

- Relacionar información específica de reconocimientos u honores académicos más importantes (Nombre del reconocimiento y semestre en el que se obtuvo).

Se enviará el documento de recomendación en .pdf firmado digitalmente al correo de solicitud.

Estamos para servir a los estudiantes y los pueblos de América!