lunes, 19 de junio de 2017

El post acuerdo y la jugada electorera para 2018

Por Alexander Ferms

La nación neogranadina de Colombia apenas inicia su primer etapa de varias, -que aún no se saben cuántas son o serán-, de post acuerdo con la guerrilla de las FARC – EP, quienes completan un porcentaje importante en la entrega de armamento a las Naciones Unidas y un cumplimiento virtual del cronograma general acordado con el gobierno de la República de Colombia, sin embargo existen serios vacíos institucionales con el proceso, que de no ser llenados por una figura de legitimidad y legalidad a través de órganos de control, monitoreo y verificación externos, -ya sean impulsados por el mismo gobierno o por agentes internacionales- no habrán elementos de juicio que valoren y blinden la autenticidad del proceso en aras de lograr lo que la publicidad institucional llama “la paz estable y duradera”, que es a mi juicio el elemento central de estabilidad social y política para la nación neogranadina, si por fin se logra encaminar en la ruta del progreso y desarrollo social desde el cumplimiento de los acuerdos, que simplemente son un llamado a retomar la Carta Constitucional de 1991 haciendo adicionalmente un llamado a autonomía y soberanía regional en la consolidación de un Estado Social de Derecho por primera vez.

Foto: Radio Suramericana

Es importante establecer, por lo tanto, las diferencias notables entre acuerdo, post acuerdo, conflicto y post conflicto. Si bien iniciamos este escrito hablando del cumplimiento de las partes, es claro que al gobierno de la nación neogranadina le está quedando “grande” este proceso, a simple vista son más los incumplimientos del mismo gobierno en el tema de condiciones básicas y dignas para las personas que iniciaron su transición a la vida civil, como soldados de un ejército revolucionario y beligerante, quienes disputaron por más de 50 años el control de los diferentes poderes y el territorio a la república neogranadina y su ejército legalizado; ahora, es más la responsabilidad del gobierno en cumplirle a la ciudadanía y a la comunidad internacional, en dejar una buena sensación e imagen a la opinión pública, -no sólo ante los medios locales-, sino en el cumplimiento real de los acuerdos sin trampas o esguinces jurídicos, por lo que no se debe dejar toda la responsabilidad de la revisión del proceso a las Naciones Unidas, no es suficiente que ellos sigan con las labores en el Mecanismo de Verificación y Monitoreo, deben existir otros actores dentro de ese mecanismo que intervengan y realicen seguimiento, estadísticas y una observancia sobre el cumplimiento de los acuerdos en todos los aspectos y desde todos los posibles escenarios.

El acuerdo es claro, es una reivindicación de la Carta Constitucional de 1991, y a todas luces, quienes digan lo contrario, es mejor que lean la carta original de 1991 sin reformas, y luego lean los puntos del acuerdo, donde además se incluyen reivindicaciones sociales expresadas desde mucho antes de que se conformaran las guerrillas, incluso, desde los primeros reclamos sociales por la equidad en la distribución de las tierras para mejorar las condiciones de vida de miles de personas a comienzos del siglo XX.

Ahora, ya se hizo y se firmó el acuerdo, con el apoyo de muchos y la oposición de otros, ya se dio ese primer paso, luego sigue el post acuerdo, que muchos llaman por error, por desconocimiento o por conveniencia social o política el “post conflicto”, -aunque en ciertos escenarios es mejor llamarlo así-, para que sepamos de una buena vez por todas que esto va en serio, por primera vez en este país algo se hará en serio.

Bien, el post acuerdo es lo que comenzó inmediatamente después de la firma entre las partes, -el gobierno del estado-fallido y el ejército insurgente del grupo revolucionario-, quienes tenían en disputa el control de los poderes y el territorio, ahora, como no hubo vencedores militarmente hablando, lo que se viene es el cumplimiento de las partes, de esos acuerdos que tienen que tener un seguimiento riguroso, ojalá fuera de dos o tres actores verificadores adicionales, puesto que estamos en la nación neogranadina de Colombia y cualquier cosa puede pasar en la mal llamada “Tierra de Colón”. 

Este post acuerdo, tiene un problema grande o limitante dentro del análisis en lo político, y es que tiene fechas para cosas importantes, y no tiene fechas para otras, es decir, aquí no sabemos a ciencia cierta cómo se administrarán las garantías desde el gobierno, -que históricamente ha demostrado ser tramposo y poco confiable-, porque siempre ha tomado pésimas decisiones que han perjudicado la soberanía y han comprometido el territorio, y que no dan certeza de que efectivamente van a cumplir “por lo menos” con un porcentaje estimado de la mayoría de las cosas a las que se comprometieron en esas más de 300 páginas en el acuerdo con el grupo beligerante rebelde. Este escenario tiene un peligro latente, en el análisis desde lo militar hay un gran riesgo, y es que si el gobierno del estado-fallido a través del ejército legalizado no ocupa los lugares de influencia de las antiguos insurgentes y las instituciones legalizadas no empiezan a consolidar los derechos sociales y fundamentales de las personas, se formarán nuevos grupos, -entre otros no beligerantes-, que captaran a las personas sin oportunidades, sin empleo, sin salud, sin vivienda, en fin, sin futuro, y los enrolaran a sus filas, como ya está sucediendo, incrementando el problema social sin generar condiciones de oportunidades de desarrollo y crecimiento como país. Es decir, seguiremos con problemas de orden público, pero con actores armados diferentes, lo que ratificará la permanencia del estado-fallido.

Después de lo anterior, hablaremos del término “conflicto”, para los que no conocen del tema, en la nación neogranadina de Colombia vivimos bajo el fenómeno denominado como “guerra de baja intensidad”, que en términos militares y según un estándar que se inventaron los amigos del norte de América con otros personajes de Europa después de la guerra del Vietnam, se diferencian este tipo de conflictos de otros porque según ellos, se desarrollan en los países del mal llamado “Tercer Mundo” y que se presentan en un caso sencillo entre un estado-fallido y un ejército insurgente, -por ejemplo en el caso del gobierno de la República de Colombia vs FARC – EP-, como resultado a los vejámenes sociales, problemáticas de desigualdad e inequidad que aseguran un escenario ideal para la conformación de ejércitos revolucionarios en respuesta a los gobiernos que no brindan o no tienen la capacidad de garantizar mínimamente los derechos fundamentales a la población.

Luego sigue el post conflicto, tal vez es el único escenario que no tiene fechas ni períodos de vencimiento, el más volátil e incierto panorama que pueda existir, porque no se sabe que puede pasar después con el orden público y menos con los territorios, si no se hacen bien las cosas. Hablo de esta forma porque como lo dije antes, en la mal llamada “Tierra de Colón” cualquier cosa puede suceder y nada raro que se pueda configurar un nuevo escenario bélico por la disputa de los poderes a la nación neogranadina, que si no ajusta su esquema de gobierno y sus estructuras sociales y políticas, caerá muy rápidamente en un nuevo conflicto, con otras condiciones y otras variables muy diferentes a la reivindicación de los derechos fundamentales a la población, más como producto de los fenómenos de narcotráfico, pandillismo o traquetismo, derivados de una mezcla de ignorancia, analfabetismo, incultura, desempleo, falta de oportunidades y la famosa “ley del mínimo esfuerzo”, que tanto les gusta a los sectores tradicionales que han gobernado a la nación neogranadina de Colombia.

Ahora, articulando este escenario general, primero desde el post acuerdo, con el panorama político y electorero para 2018, es hora de relacionar el contexto del presente escenario, qué pasará entonces con los recursos económicos por cooperación internacional para la paz, que en estos momentos están congelados, -por extrañas circunstancias-, y que no se han utilizado en los tiempos y gestiones que deberían ser hasta ahora; es más que una jugada política la reserva de estos recursos para usarlos en tiempos de campaña, algo que muchos de nosotros, en las mesas regionales y en otros escenarios internacionales, -donde me incluyo-, vimos con suma preocupación y señalamos como de especial importancia para la transparencia del proceso, sobre todo en el tiempo de que se presentara la llegada de ayudas económicas internacionales, y más aún, antes de períodos electorales cercanos, como se dio en estos momentos.

No es necesario ser vidente para observar que el tema de la cooperación internacional la iban a manejar con los criterios que mejor saben llevar los señores del gobierno de la nación neogranadina de Colombia: centralizados y monopolizados, así de entrada, no había intenciones de realizar desembolsos para otras actividades oficiales relacionadas directamente con la labor de post acuerdo, -menos para seguimiento-, no iban a hacerlo y no lo están haciendo, ni siquiera de una manera gradual, no existen órganos de control creados, no hay procesos de verificación auxiliares ni externos, -no hay dinero para eso “supuestamente”-, no hay observatorios de post acuerdo o post conflicto en las zonas de normalización, no hay nadie que haga una tarea de observancia humanitaria con análisis y con criterio investigativo, ni de cumplimiento ni de verificación adicional para reportar cifras, situaciones, irregularidades, sólo Naciones Unidas y el cuerpo en el mecanismo de monitoreo y verificación, nada más, bueno, entre otros actores políticos oportunistas o con ganas de protagonismo político que se tratan de asomar por esos lugares a ver que pueden “pescar”.

Ahora, todo apunta a que los recursos se utilizarán como un “seguro electorero”, en caja, que permitirá mover la bolsa de valores electoral y politiquera para quienes se perfilen como posibles sucesores de nuestro ilustre nobel de paz y que continúen o frenen el proceso que tantos esfuerzos, sangre, sudor y lágrimas de soldados de ambos bandos y de un mismo pueblo han padecido en el campo de batalla durante más de 50 años.

Tendremos dos opciones, o mejor dos candidatos seguros: el candidato del post acuerdo y el candidato de la mal llamada “nueva regeneración”, a eso estamos sometidos por desgracia, o bueno, si por primera vez despertamos y le damos la opción a alguien distinto, eso sí, no me refiero a los vendidos de la izquierda tradicional, los que hacen parte de las nuevas familias emergentes ni menos a los que mal han administrado las finanzas departamentales, municipales, ministeriales o nacionales o peor aún, han concesionado el país a multinacionales, han permitido la instalación de bases extranjeras o piensan que seguimos siendo un patio trasero, es poner a alguien verdaderamente diferente, que mire a este país como lo que es, una potencia, sería algo grandioso, por lo menos esperanzador. Sino, esperemos de nuevo sentados al frente de nuestros televisores como “los más felices del mundo” a que venga alguien de Venezuela y con un ejército extranjero a que arreglen esta vaina como ocurrió hace 198 años con la llegada de Simón Bolívar.

Hago un llamado para que no permitamos que esos, de las familias esas, sigan allá arriba mirando desde lo más alto, decidiendo por nosotros, a ver si les conviene que no estemos en conflicto o por el contrario, para mantener a los más miserables sin oportunidades ocupados empuñando un fusil en el ejército de uno de los dos bandos, para que no se ocupen de estudiar, de conocer las realidades o la historia de este país, porque sencillamente no tendrán “opción de vida” y es lo único seguro que podrán hacer, mientras que los del medio vivirán de apariencias y deudas con los bancos enriqueciendo a las familias tradicionales y las emergentes, quienes seguirían disfrutando de nuestros recursos, nuestras riquezas y haciendo trizas nuestro futuro como comunidad y país.

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