Por: Alexander Ferms
Definir un significado adecuado para la palabra 'democracia' en un país como la nación neogranadina de Colombia no es fácil, porque su esencia funciona al mejor estilo maquiavélico, es decir, un concepto acomodado según conveniencia política, social, económica o cultural, muy a pesar de que la situación social y política dista enormemente de la definición genérica, lo que importa en realidad es el fin, no importa cómo se logre y qué métodos se utilicen.
Para nadie es un secreto que vivimos en una cosa muy distinta a lo que debería ser una aproximación de la palabra democracia, pues aunque se surten algunos procedimientos legales, o mejor, -legalizados como meros formalismos-, entonces decimos que efectivamente si estamos en una democracia, o por lo menos eso es lo que la mayoría de las personas creen gracias a los medios de información oficiales y privados.
La realidad es que no vivimos en un país democrático, comenzando porque ha sobrevivido durante más de cien años en una situación fallida, gobierno tras gobierno, sin dar solución a los problemas reales y sin tener un manto efectivo de gobernabilidad, siendo los últimos 20 años, los más críticos, con una situación de ingobernabilidad, ilegitimidad e ilegalidad que han transpasado los límites de la democracia, llegando a establecerse una dictadura civil y mafiosa.
La democracia colombiana ha fluctuado entre intereses económicos y políticos, no por la representación efectiva del constituyente primario, o el interés general que debería primar por encima de cualquier otra cosa, sino por la mera conveniencia de los pseudo-gobernantes de turno y los grupos económicos, que ahora tienen un nuevo actor: las familias emergentes del narcotráfico.
Una democracia, en la cual no se concibe la legítima oposición, se asesinan y silencian sistemáticamente a líderes sociales, comunales e indígenas con la complicidad de la fuerza pública y la mano negra de sus ejércitos irregulares, se permite la corrupción de la justicia, se dictan leyes que no representan a la ciudadanía, se permite acabar con los derechos fundamentales, se financia la corrupción, se hacen concesiones de territorio y riquezas a extranjeros sin mayor cosa a cambio, se permite destruir el medio ambiente para beneficio particular, se imponen más impuestos, se atropella a la clase media y baja con el alza de precios y se impone a una persona que no posee las capacidades mínimas, ni las competencias suficientes ni los méritos básicos para ser un gobernante, situación en la cual este sistema no puede ser una democracia.
Una democracia que impone por la fuerza un pseudo-gobierno, que impone unos servidores corruptos que con sus decisiones deterioran la calidad de vida de la ciudadanía, que impone una fuerza pública indolente y grupos terroristas que defiende los intereses particulares de un reducido grupo y de las inversiones extranjeras, y que finalmente sigue imponiendo una nación fallida no es una democracia, es una dictadura, que no tiene generales o militares al mando, sino que tiene a un inepto de civil sin criterio que recibe órdenes.
Una democracia donde los ciudadanos no cuentan como personas, donde sólo sirven para pagar impuestos, financiar la corrupción y servir de fichas legitimadoras por la fuerza no es una democracia, es una dictadura.
Entre 2018 y 2019 se presentaron cifras escalofriantes y hechos lamentables en materia de derechos humanos, con centenares de muertos, de los cuales no se saben los autores matetiales o intelectuales, así como incumplimientos sistemáticos en los acuerdos de paz.
El manto de ilegalidad e ingobernabilidad en la nación neogranadina de Colombia, ha llegado a tal punto, que ya se volvío costumbre, la gente ya no distingue entre legalidad e ilegalidad, legitimidad e ilegitimidad, en este país esos conceptos se volvieron sinónimos, porque las mismas instituciones son tan corruptas, que no aceptan procesos de transparencia, cada problema de corrupción tiene su propia solución, con otro acto de corrupción, que justifica al anterior.
Es por tanto que no podemos calificar a la nación neogranadina ni como democracia imperfecta ni irregular siquiera, su calificación es como narcodemocracia o en el peor escenario: una dictadura civil disfrazada de democracia.
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